Gobierno corporativo

Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas - 2013

 

Las sociedades que cuentan con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores tienen la obligación de difundir al público sus prácticas de buen gobierno corporativo; para tales efectos, reportan su adhesión a los principios contenidos en el Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas del año 2013.

 

Antecedentes

 

(El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas 2013 puede ser consultado en la sección Orientación – Gobierno Corporativo del Portal del Mercado de Valores www.smv.gob.pe)

 

A principios de los noventa se suscitó una fuerte presión para fortalecer las prácticas de buen gobierno corporativo en el mundo, debido a que los inversionistas demandaban una mayor participación en los órganos administrativos de las sociedades. Sin embargo, el gobierno corporativo pasó a tener singular importancia a raíz de la crisis asiática de fines del siglo pasado, resultado de lo cual se generaron nuevos enfoques e instrumentos de gobierno corporativo.

 

En este contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, OECD por sus siglas en inglés) emitió su primera declaración de principios en 1999, apoyada en los avances de la teoría económica acerca de los problemas de agencia y de asimetrías de información. Estos principios, tal como señala la OCDE, son de naturaleza evolutiva y deben ser revisados considerando los cambios que se registren en el contexto empresarial. Asimismo, este organismo destaca que para que las sociedades se mantengan competitivas en un mundo cambiante, estas deben innovar y adaptar sus prácticas de gobierno corporativo a fin de satisfacer las nuevas demandas y aprovechar las oportunidades que se le presentan. Esta declaración de principios fue revisada y actualizada en el año 2004.

 

Por su parte, y siguiendo esta corriente, CAF - Banco de Desarrollo de América Latina emitió sus primeros lineamientos en el año 2004, los cuales han sido objeto de actualización en el 2013.

 

La adopción de prácticas de buen gobierno corporativo por parte de las sociedades, promueve un clima de respeto a los derechos de los accionistas y de los inversionistas en general; contribuye a generar valor, solidez y eficiencia en las sociedades; trae consigo una mejor administración de los riesgos a los cuales se encuentran expuestas; facilita el acceso al mercado de capitales; lleva a una reducción del costo de capital, así como a un mayor y mejor acceso a fuentes de financiamiento y de inversión a largo plazo; entre otras ventajas. Asimismo, la experiencia ha demostrado que en la medida que exista mayor transparencia e información, mayor es la confianza que desarrollan los inversionistas en los mercados. Las prácticas de buen gobierno corporativo ayudan a mitigar las fallas que existen en los mercados financieros por la asimetría de información.

 

Reconociendo la importancia que para el desarrollo del mercado de capitales tiene la promoción de una mayor transparencia empresarial, así como las ventajas descritas de contar con buenas prácticas de gobierno corporativo, en el año 2002 se conformó un comité integrado por ocho entidades del sector público y del sector privado, presidido por la entonces Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), hoy Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), con la finalidad de establecer principios de buen gobierno corporativo aplicables a las sociedades peruanas.

 

Como resultado de este esfuerzo conjunto, en julio de 2002 se emitió el documento Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas, el cual tomó como base los Principios para el Gobierno de las Sociedades emitidos por la OCDE; considerando las características particulares de las sociedades peruanas, su estructura accionaria y el marco legal en que se desarrollaban. Dichos principios abarcaron, entre otros temas relevantes, aspectos referidos a los derechos y tratamiento equitativo de los accionistas, la función de los grupos de interés en el gobierno de las sociedades, la comunicación y transparencia informativa, y las responsabilidades del Directorio, constituyéndose de este modo en un referente importante de buenas prácticas para las sociedades peruanas, sobre todo para aquellas cuyos valores son objeto de oferta pública en el mercado de valores.

 

En línea con la emisión del mencionado documento y siguiendo las tendencias a nivel internacional, la entonces CONASEV asumió el reto de exigir a las sociedades cuyos valores fueran objeto de oferta pública la obligación de revelar el grado de adhesión a dichos principios, a través de sus respectivas memorias anuales y en los prospectos informativos.

 

A más de 10 años de haber sido emitidos los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas, se ha visto la necesidad de realizar su revisión integral, teniendo en cuenta el desarrollo del marco normativo legal que rige el mercado de valores, las carencias y debilidades que se han puesto de manifiesto en la reciente crisis internacional en cuanto a la transparencia de la información y control interno de las sociedades, y los avances en temas de buen gobierno corporativo desarrollados por la CAF y la OCDE.

 

En esta orientación, el 23 de febrero de 2012 se instauró el Comité de Actualización de Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas, el cual estuvo integrado por 14 instituciones y gremios empresariales representativos del mercado de valores peruano y del sector empresarial del país mencionados anteriormente, los cuales, bajo la presidencia de la SMV y con el apoyo financiero de la CAF, han desarrollado el nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas.

 

El Código se orienta a brindar una versión actualizada que recoja los mejores estándares de buen gobierno corporativo identificados a nivel global y local, aplicables a la realidad peruana, poniendo especial énfasis en los nuevos avances experimentados en este campo, en especial en la dinámica de la Junta General de Accionistas (propiedad), el Directorio (administración) y la Alta Gerencia (gestión ordinaria), así como en la implementación de una adecuada gestión de riesgos; todo ello con el objeto de propiciar que se establezcan controles recíprocos y que las sociedades funcionen de manera eficiente.